El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles se ha convertido en una herramienta clave para el Gobierno mexicano en los últimos años, especialmente cuando los precios internacionales del petróleo amenazan con dispararse. Este gravamen, diseñado originalmente para gravar productos como gasolinas y diésel, ha servido como un amortiguador ante la volatilidad del mercado energético global, permitiendo que las autoridades ajusten su aplicación —ya sea reduciéndolo o incluso subsidiándolo— para evitar que los consumidores enfrenten alzas abruptas en las bombas de gasolina.
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, confirmó que el mecanismo sigue siendo una opción viable para contener el impacto de los precios. En un mensaje reciente, adelantó que este lunes sostendrá una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para analizar la situación actual y evaluar si es necesario activar nuevamente este instrumento de protección. “Si el contexto lo requiere, no dudaremos en utilizarlo para evitar que los mexicanos paguen más por la gasolina”, aseguró, subrayando el compromiso de su administración con la estabilidad económica y el bienestar de las familias.
El IEPS ha sido un tema recurrente en el debate público, especialmente en momentos de crisis como la pandemia o los conflictos geopolíticos que han sacudido los mercados. Durante el sexenio pasado, el Gobierno recurrió a este impuesto en múltiples ocasiones para suavizar el impacto de los precios internacionales, evitando que los incrementos se trasladaran directamente a los consumidores. Sin embargo, su uso también ha generado críticas, principalmente por parte de sectores que argumentan que los subsidios distorsionan el mercado y representan un gasto fiscal que podría destinarse a otros rubros prioritarios, como salud o educación.
Ahora, con la transición de gobierno en marcha, la discusión sobre el futuro del IEPS cobra nueva relevancia. Sheinbaum ha dejado claro que su prioridad será mantener la estabilidad en los precios de los combustibles, pero también ha señalado la necesidad de revisar el esquema para garantizar que sea sostenible en el largo plazo. Expertos en economía advierten que, aunque el mecanismo es útil en el corto plazo, su aplicación constante podría generar presiones en las finanzas públicas, especialmente si los precios internacionales del petróleo se mantienen altos por periodos prolongados.
El escenario actual no es sencillo. A nivel global, los precios del crudo siguen siendo volátiles, influenciados por factores como la demanda en economías emergentes, las tensiones en regiones productoras y las políticas de los principales países exportadores. En México, donde el consumo de gasolina y diésel sigue siendo alto, cualquier ajuste en el IEPS tendrá un impacto directo en millones de hogares y en sectores clave como el transporte y la industria.
Lo que está en juego no es solo el bolsillo de los consumidores, sino también la credibilidad de las políticas energéticas del país. Sheinbaum y su equipo enfrentan el desafío de equilibrar la necesidad de proteger a la población de alzas desmedidas con la responsabilidad fiscal. Mientras tanto, los mercados y los ciudadanos estarán atentos a los resultados de la reunión de este lunes, que podría marcar el rumbo de los precios de los combustibles en los próximos meses. La pregunta que muchos se hacen es si el IEPS seguirá siendo el salvavidas temporal que ha sido hasta ahora o si, por el contrario, el nuevo gobierno optará por un enfoque distinto para enfrentar los vaivenes del petróleo.
