La igualdad de género en el sistema judicial no es solo una cuestión de justicia, sino un paso esencial para construir instituciones más representativas y cercanas a la realidad social. En un país donde las mujeres constituyen la mitad de la población, su presencia en puestos de decisión dentro de los tribunales debería reflejar esa proporción. Sin embargo, durante décadas, el acceso a estos espacios ha estado marcado por obstáculos invisibles, prejuicios y estructuras diseñadas bajo lógicas que favorecían, casi de manera exclusiva, a los hombres.
La reciente reforma judicial ha comenzado a cambiar ese panorama. Al establecer que la mitad de los cargos electos en el Poder Judicial deben ser ocupados por mujeres, se ha abierto una puerta que antes parecía infranqueable. No se trata únicamente de cumplir con una cuota, sino de reconocer que la diversidad en la toma de decisiones enriquece la justicia, la hace más sensible a las necesidades de la sociedad y, sobre todo, más legítima. Cuando una niña o una adolescente ve a una magistrada en la Suprema Corte, no solo percibe un logro individual, sino la posibilidad concreta de que su voz y sus aspiraciones también pueden tener un lugar en las más altas esferas del poder.
Aun así, el camino está lejos de ser sencillo. Aunque los números avanzan, las barreras culturales y estructurales persisten. Muchas juezas y magistradas han enfrentado, y siguen enfrentando, entornos donde su autoridad es cuestionada con mayor frecuencia que la de sus colegas hombres. No es raro escuchar testimonios de mujeres que, pese a su preparación y experiencia, han tenido que demostrar una y otra vez su capacidad, mientras sus compañeros varones son asumidos como competentes por defecto. La discriminación no siempre es explícita; a veces se esconde en comentarios sutiles, en la distribución desigual de casos relevantes o en la resistencia a aceptar liderazgos femeninos.
Una magistrada lo resumió con claridad: el desafío no es solo llegar, sino ser reconocidas como iguales una vez dentro. La inteligencia emocional, la dedicación y la capacidad de debate no son atributos exclusivos de un género, pero históricamente se han asociado más a los hombres en el ámbito judicial. Romper con esos estereotipos requiere no solo leyes, sino un cambio profundo en la mentalidad de quienes integran el sistema. Las mujeres no buscan privilegios, sino equidad: el derecho a ser evaluadas por su trabajo, no por su género.
El mensaje que envía la composición actual de la Suprema Corte es poderoso: sí se puede. Pero ese “sí” no es un punto de llegada, sino un recordatorio de que la lucha por la igualdad sustantiva —aquella que va más allá de los números— sigue vigente. Cada jueza que ocupa un cargo de alto nivel es un símbolo, pero también una prueba de que el sistema puede transformarse. La pregunta ahora es si esa transformación será lo suficientemente profunda como para que, en el futuro, la presencia de mujeres en la justicia deje de ser noticia y se convierta en la norma. Mientras tanto, el ejemplo de quienes ya están ahí sigue inspirando a nuevas generaciones a no conformarse con menos de lo que merecen.
