Hubo quien logró sobrevivir. De no haber sido por eso, la matanza que hoy se conoce como “de San Fernando” habría permanecido oculta a la mirada pública hasta que fuera casi imposible identificar a las 72 víctimas, conocer su historia, detectar el camino que los llevó a una muerte brutal. Un azar casi, un golpe de la fortuna propició que, al fin, aparecieran tres sobrevivientes que narraron uno de los hechos de sangre más terribles perpetrados, en lo que va del siglo XXI por el crimen organizado.
VERANO SANGRIENTO
Un hombre que se identificó como migrante ecuatoriano, que intentaba llegar a Estados Unidos ´para hacer suyo el “sueño americano”, llegó ante las autoridades del municipio de San Fernando, en Tamaulipas. Casi asombrado de seguir con vida, contó una historia bárbara; habló de muchos muertos, de cadáveres abandonados en un rincón del municipio, de seres humanos abandonados en medio de ruinas abandonadas.
Aquel sobreviviente dio las señas. Se trataba del ejido conocido como El Huizachal. Hasta allá llegaron las autoridades locales. Era solamente el principio de una trama donde el crimen organizado extendía sus redes: ya no se conformaba con el trasiego de drogas diversas. Las muchas formas de la actividad ilegal eran ya parte de su operación diaria, y en Tamaulipas tenían nombre inconfundible: se trataba de los Zetas. Las historias de su brutalidad y de la manera en que se enseñoreaban en el estado, a pesar de los dichos y negaciones del gobierno tamaulipeco, eran bien conocidas en todo el país.
Las autoridades locales no tuvieron duda, a partir del testimonio de aquel ecuatoriano, de que eran los Zetas los responsables de aquel asesinato colectivo. Se terminaba agosto de 2010, y la inminencia de las conmemoraciones por el Bicentenario del inicio del movimiento de independencia pretendía llenar la narrativa de la vida pública. Años difíciles habían sido esos. En 2008, durante la celebración del “Grito”, en Morelia, la noche del 15 de septiembre, personajes no identificados, pero a quienes se les supuso integrantes de alguno de los cárteles criminales que operaban en el estado, hicieron detonar dos granadas, a pocos metros del balcón donde el gobernador Leonel Godoy lanzaba vivas a los héroes insurgentes. Ocho personas, según los reportes oficiales, habían muerto en aquel acto terrorista, y los heridos, algunos de ellos mutilados, superaron el centenar. Aquel hecho de sangre quedó impune. Las cosas no habían mejorado en los años que siguieron, y la denuncia de aquel migrante era apenas el inicio de un hecho de sangre que azoró a los mexicanos: no era posible que los narcos, los Zetas o los que fueran, actuaran haciendo gala de poder e impunidad, y que su atrevimiento los llevara a cometer el asesinato simultáneo de varias decenas de personas.
