Desde dentro de la UNAM, el mensaje a políticos o actores externos a la institución, es contundente: “No se metan en el proceso de designación del rector”.
“No se metan”… Tres palabras repetidas durante la charla por Imanol Ordorika, voz autorizada para hablar del tema, no sólo por su posición como Director General de Evaluación Institucional de la Universidad, si no por sus batallas previas en la política, como uno de los líderes del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y fundador de movimientos partidistas ligados a la izquierda.
Los nombres de Cuauhtémoc Cárdenas y del propio Andrés Manuel López Obrador no le son ajenos.
Sí, ataja el paso de entrometidos, pero con un espíritu crítico también exhibe los reclamos internos por transparentar el proceso y democratizarlo.
El tema está vivo, por la proximidad del cambio de rector -en noviembre- y por iniciativas recientes como la del diputado morenista Armando Contreras, la cual planteó una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad para quitar a la Junta de Gobierno la facultad de la designación y cambiar a un método de elección mediante sufragio libre y secreto.
“Ha habido de forma permanente un reclamo desde dentro de la Universidad para modificar el proceso de designación de autoridades. Lo planteó el primer CEU en el 66, personal académico en los 70´s, el CEU de los 80´s, el Congreso Universitario del 90, siempre en una lógica y es lo principal, que debemos ser los universitarios los que hagamos las transformaciones, y no alguien de fuera”, dice a Crónica.
-¿Qué ves en el fondo de esta iniciativa morenista?
-Parte de una posición descolocada frente a la Universidad. Tal vez es un intento de aprovechar alguna declaración del presidente, y acomodarse en la política interna del partido de gobierno. O quizá un intento de medir las consecuencias, o generar un clima de provocación. La toma de distancia en la propia Cámara de Diputados evitó una tensión innecesaria entre la UNAM y el poder legislativo. Se desconocen además leyes aprobadas recientemente como la Ley General de Educación Superior que en su artículo 2 plantea que cualquier cambio en leyes orgánicas de las universidades autónomas debe necesariamente pasar por un proceso de consulta, discusión en organismos colegiados, con un posicionamiento favorable del máximo órgano colegiado de cada institución. Hay limitación por ley.
