La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgieron al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos en las investigaciones a periodistas y defensores por el uso ilegítimo del software Pegasus. Lo anterior debido a que en los últimos años, han conocido “múltiples casos de espionaje”, recientemente contra el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Llamaron a cesar “inmediatamente” cualquier acción destinada a la venta, la transferencia y el uso de tecnología de vigilancia hasta tanto se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos y a instruir a todos sus agentes a que se abstengan de utilizar Pegasus de modo ilegal y que denuncien este tipo de instrucciones si viniesen de parte de sus superiores.
En un pronunciamiento, aseveraron que en la investigación sobre los casos documentados en México desde 2021 no hay avances sustanciales, ello debido al aumento de reportes sobre personas afectadas y la incertidumbre sobre si ha cesado o no el uso de Pegasus, de una compañía israelí, en contra de quienes desempeñan labores cruciales en una democracia.
La CIDH y la RELE destacaron que las medidas adoptadas hasta el momento resultan insuficientes ante la dimensión de las denuncias recibidas y la información que ha trascendido públicamente.
La lista de personas presuntamente afectadas en los últimos años incluye, entre otras, a periodistas, personas defensoras, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, agregaron.
No obstante, reconocieron que el Estado mexicano transmitió a la CIDH declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 30 de mayo de 2023, en las que indicó que no se realiza espionaje contra ninguna persona, ciudadanos, periodistas ni servidores públicos.
Pese a ello, llamaron a investigar de forma completa, exhaustiva e imparcial la adquisición y el uso de Pegasus y sancionar a quienes resulten responsables; a velar por el adecuado cumplimiento de las garantías de debido proceso, y a garantizar cooperación efectiva que facilite a las autoridades a cargo de investigación conocer sobre la información en poder de las instituciones y el sector privado concernido a fin de que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos.
