El Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, canceló la personalidad jurídica de los jesuitas; de igual manera ordenó la confiscación de sus bienes dentro del país.
Lo anterior, en conformidad con un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, donde el Ministerio de Gobernación argumentó que la Compañía de Jesús no presentó sus estados financieros en los últimos tres años y su junta directiva está “vencida” desde el 2020.
Asimismo, se instruyó a la Fiscalía General que traspase todos los bienes muebles e inmuebles de los jesuitas a nombre del Estado.
Por su parte, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, la cual representa a los jesuitas en la región dijo que no se le dio oportunidad en Nicaragua a una “legítima defensa” y señaló que no existe una autoridad imparcial que frene lo que la organización consideró como “abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios”.
Esta nueva agresión (está) enmarcada en un contexto nacional de represión sistemática”, dijo en un comunicado. “Confirma que todo ello está encaminado al pleno establecimiento de un régimen totalitario”, subrayó la Provincia Centroamericana.
